Tanto las personas con discapacidad como las que residen en entornos rurales están especialmente expuestas a la exclusión, y es por ello que, a menudo, se les tiene en cuenta a la hora de abordar políticas sociales. Si ambos factores confluyen en una misma persona (discapacidad y entorno rural), no parece aventurado afirmar que puede caer en una situación de doble exclusión social, en la que la vulnerabilidad se hace aún más acuciante.
La discriminación por motivos de discapacidad tiene su origen en los “tics” sociales y culturales responsables de los prejuicios y estereotipos que aún perduran en nuestra sociedad. Éstos se traducen en barreras exógenas y endógenas que dificultan la plena integración. Entre las primeras, podemos identificar la inaccesibilidad de muchos entornos, las “etiquetas”, los estereotipos y, en definitiva, todo los intangibles que frenan la integración. Las segundas se traducen en los límites que la propia persona con discapacidad se pone a sí misma, fruto de una sociedad aún hostil, que sigue tendiendo a la sobreprotección, dificultando la normalización y la participación igualitaria.
¿Por qué habitar en un medio rural es un factor discriminatorio? En este entorno, el acceso a ciertos servicios como la sanidad, la educación o el transporte, es más complejo y menos accesible, ya que encontramos numerosas barreras arquitectónicas y de comunicación, que no contribuyen a la hora de que la persona con discapacidad se desenvuelva con facilidad y garantías.
Estas reflexiones se desprende del primer Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa en el entorno rural, elaborado por la Fundación Adecco y Bantierra, que centra sus conclusiones en una entrevista en profundidad a empresas rurales que operan en el entorno rural de Aragón. El mismo informe, sugiere que es urgente incentivar políticas y mecanismos que garanticen la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad que habitan en estos municipios.
Ley de Discapacidad, aún desconocida en las empresas rurales
La LISMI es la ley de integración social del minusválido (ley 13/1982 de 7 de abril) que establece, para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Llama la atención el hecho de que, más de la mitad de las empresas encuestadas, desconoce esta normativa (66%). Sólo un 34% ha escuchado hablar de esta normativa legal. Sin embargo,
al explicarles sus implicaciones, un 87% la considera justa y necesaria. Se cumple el precepto de que, a mayor tamaño, mayor conocimiento de la RSC. Así, el 73% de los que conocen la LISMI, son empresas de más de 50 trabajadores.
Discapacidad, infrarrepresentada en las empresas rurales
Atendiendo a las empresas rurales analizadas, advertimos que sólo un 22% tiene algún trabajador con certificado de discapacidad en su plantilla. Un 90% de éstas son organizaciones de más de 50 trabajadores y el 10% restante oscila entre los 30 y los 50 empleados.
A pesar de esta escasa presencia, un 84% destaca que, si tuviera la oportunidad, contrataría personas con discapacidad. El 16% restante no lo considera, debido principalmente a la peligrosidad del puesto (95%), que considera incompatible con la discapacidad. Además un 3% alega que sus instalaciones no son accesibles y un 2% que tiene temor a bajas continuadas.
