Treinta años de pura evolución han pasado desde que la ley LISMI ( Ley de integración laboral de personas con discapacidad) entrará en vigor el 7 de abril de 1982, mucho ha llovido desde que se incorporara en forma de artículo, ( 49 para ser más exactos), a la norma suprema que regula el orden jurídico en España, tanto a los poderes públicos como al pueblo español, la Constitución de 1978.
Desde su nacimiento, la LISMI, no ha dejado de ser observada, si bien su nacimiento causó mucha expectación, no solo porque vio la luz en una época en la que las esferas política, social y económica estaban en plena trasformación, sino porque suponía el primer mandato regulador en materia de derechos e inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por lo que fue reconocida como un hito en la jurisdicción española.
Sin querer ahondar en los pormenores de la Ley y dirigiendo el foco a la empresa ordinaria, es de recibo señalar la obligación legal en la que la Ley descansa, “Aquella empresa con un tamaño superior a cincuenta empleados se encuentra obligada a integrar a un 2% de personas con discapacidad en sus plantillas”. Si este cupo no se llega a cumplir como sucede en la mayoría de los casos, las empresas pueden atenerse a medidas alternativas mediante la compra de productos, o contratación de servicios, a Centros Especiales de Empleo o mediante donaciones a Fundaciones de utilidad pública cuyo estatutos contemplen la integración laboral de personas con discapacidad
Es una ley que en lo que lleva de existencia, ha marcado para bien un antes y un después en la vida de las personas con discapacidad, sin embargo, la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos, hace necesaria su revisión y la refundición del texto en la que se encuentra actualmente inmersa.
La integración laboral real de las personas con discapacidad pide un cambio de gran magnitud a todas las escalas, el cumplimiento de la LISMI ya no es suficiente y pide irremediablemente que la Responsabilidad Corporativa le acompañe en tal necesitada misión, sólo con el trabajo diario y el esfuerzo univoco de todos los poderes públicos y privados se puede mitigar la arcaicas e incrustadas mentalidades sobre la limitación y falsos mitos que rodean a la discapacidad y que minan las potencialidades de las personas con capacidades diferentes.
La dimensión temporal de la Responsabilidad Corporativa en España es relativamente joven, pues sólo han pasado quince años desde que se empezó a oír hablar de ella, sin embargo su alcance en el mundo empresarial es mucho más maduro suponiendo una solución firme a la sostenibilidad de cualquier negocio.
Desde entonces la Responsabilidad Corporativa ha evolucionado naturalmente, y con ella, la mentalidad de las empresas, que empiezan a descubrir que la contratación de las personas con discapacidad responde a una apuesta estratégica por la diversidad y por la gestión responsable de personas. Una sólida política en esta dirección, repercute directamente en la cuenta de resultados pues la productividad de los empleados se ve incrementada, al verse también aumentados los valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la motivación.
La transición a la nueva era de la RSC de ninguna manera se puede hacer de forma repentina, es necesario un trabajo de aclimatación, de sensibilización y de normalización de la discapacidad que ayuden a crear entornos abiertos y sensibles a la misma, y esto sólo es posible lograrlo, con la puesta en marcha de múltiples planes que persiguen dicho fin, como por ejemplo el voluntariado corporativo, que se ha convertido en esencial para acercar a los empleados al mundo de la discapacidad y viceversa.
«El precio de la grandeza es la responsabilidad» Churchill, Winston
