Teresa Peramato: «Si las mujeres víctimas no trabajan o son dependientes económicamente, caen otra vez en las redes del agresor»

20 Nov Teresa Peramato: «Si las mujeres víctimas no trabajan o son dependientes económicamente, caen otra vez en las redes del agresor»

Teresa Peramato Martín (Salamanca, 1962) es la actual Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer. A sus espaldas, una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico. Comenzó su andadura profesional en la especialidad Fiscal en 1990, alcanzando el estatus de Secretaria Judicial en excedencia. Durante su carrera, ha trabajado en varias Fiscalías, incluyendo las de Tenerife, Valladolid y Barcelona, antes de ser trasladada a la Fiscalía Provincial de Madrid. Fue en este lugar donde, en mayo de 2005, se le otorgó el cargo de Fiscal delegada en la Sección de Violencia sobre la Mujer, un área en el que se ha especializado, convirtiéndose en todo un referente hasta asumir, en 2021, el cargo actual.

A las puertas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Teresa Peramato ha accedido con total generosidad a recibir a la Fundación Adecco en la Fiscalía General del Estado, compartiendo su punto de vista y conocimiento sobre los principales hitos y retos que plantea la erradicación de la violencia de género.

«Gracias a la legislación se ha visibilizado gran parte de la violencia de género que antes estaba oculta»

Usted protagonizó la inauguración de los juzgados de violencia contra la mujer en 2005. Hoy es la máxima responsable de la Fiscalía en este ámbito. ¿Cree que el marco regulador ha ayudado a visibilizar y a hacer frente a los delitos de violencia de género? ¿Cuáles diría que han sido los principales logros?

Durante las últimas dos décadas hemos avanzado muchísimo. Tenemos muchos más instrumentos para proteger a las víctimas y somos cada vez más proactivos y eficientes a la hora de investigar y llegar a un pronunciamiento condenatorio, evitando espacios de impunidad que generan vulnerabilidad.

Sin duda el mayor hito ha sido la propia Ley Integral 1/2004 de la Violencia de Género, que consiguió visibilizar gran parte de la violencia de género que antes estaba oculta. Si se examinan datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2004 no se llegaron a formular las 100.000 denuncias en el ámbito de la violencia doméstica, que cubría todo el ámbito familiar. En 2006, tras la aplicación de la ley, fueron interpuestas más de 158.000 denuncias por violencia, solo en el ámbito de la pareja o ex pareja. En definitiva, muchas mujeres, como consecuencia de la aplicación de esta normativa, empezaron a confiar en la respuesta institucional y de la justicia. A partir de este momento, y contando con un instrumento tan importante como la Orden de Protección, la seguridad de las víctimas no ha dejado de mejorar. Al principio, la protección se dirigía exclusivamente a la mujer que sufre la violencia y rara a vez se tenían en cuanta a los niños y niñas que convivían con la mujer maltratada. La regla general era el establecimiento de un régimen de visitas con el progenitor investigado, con lo que no había verdadera protección porque los menores pueden ser objeto de instrumentalización por parte de los agresores.

En 2021 se modificó la ley, de manera que, si se acuerda una orden de protección, no se puede establecer un régimen de visitas, y si existía uno acordado por un juzgado, la regla general tiene que ser su suspensión si el menor ha sufrido, presenciado o convivido con la violencia. Esto ha provocado que se haya incrementado en un 400% la suspensión del régimen de visitas respecto a la regulación anterior. Ahora protegemos conjuntamente a la mujer y a los niños y niñas, cuestión importantísima, teniendo en cuenta que, en un 51% de los casos, los menores también son objeto de maltrato directo y que un 60% de las mujeres reconoce que sus hijos han presenciado algún acto de violencia física, psicológica e incluso sexual, siendo el 89% menores de edad.

La hiperconectividad, las redes sociales y la capacidad para viralizar mensajes se han convertido en grandes altavoces de denuncia, en plataformas para que la sociedad diga “basta” y muestre tolerancia cero a hacia este tipo de delitos. ¿Cree que los casos más mediáticos (por ejemplo, La Manada) ayudan a educar, a generar conciencia social, y por tanto a mitigar la violencia contra la mujer?

El caso en sí mismo revela una acción insoportable e injustificable para toda la sociedad, pero sí es cierto que movió muchísimos resortes a través de la reacción social que produjo. La sociedad se rebeló contra actos que no son solo atentatorios a la libertad sexual de las mujeres y niñas, sino que atentan directamente contra la dignidad, que es un valor intrínseco a la persona. Además, se produjo una respuesta social frente a resoluciones judiciales que provocaron indignación pública, al no identificar la violencia sexual como un acto de violencia, sino de abuso. Fue una lección tan importante que puso en movimiento la maquinaria legislativa para que se modifique el Código Penal y se publique una Ley Integral para la Garantía de la Libertad Sexual. Todo ello determinó que en nuestra legislación se haya dado un paso más, volviéndonos a poner a la vanguardia en la protección y garantía de los derechos de las mujeres.

«Las mujeres víctimas tienen que conocer todos los recursos a su disposición y denunciar, porque solo desde el procedimiento se le puede poner freno al agresor»

En una reciente entrevista comentaba que la mayoría de la violencia que sufren las mujeres en España no se denuncia. ¿A qué cree que es debido?

Según la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer (2019), solo se denuncia el 21% de la violencia que sufren las mujeres en España, aunque probablemente este porcentaje haya aumentado en los últimos años, en los que se está registrando un aumento de denuncias. Según las estimaciones, esta cifra podría haberse incrementado hasta el 28%, pero la violencia oculta (72%) seguiría siendo muy elevada. De todas las razones para no denunciar, hay una especialmente preocupante, y es que el 10% teme no ser creída por su entorno social y que se la tache de «manipuladora». Además, hay otro dato alarmante y es que el 30% no denuncia porque no fue violencia física, lo cual refleja que seguimos identificando violencia con golpes, cuando la parte psicológica y emocional puede ser mucho más perjudicial para la mujer y su entorno. Otras razones son el miedo al agresor (5%) o el temor a que con la denuncia puedan perder la custodia de sus hijos (7%).

Esto nos tiene que hacer reflexionar y preguntarnos si desde la Administración de Justicia estamos trasladando bien el mensaje de lo que estamos haciendo. Es importante insistir en que SÍ las creemos y NO las culpabilizamos, Prueba de ello es que el 70% de las órdenes de protección que se solicitan sí que se conceden y que el mismo porcentaje de procedimientos que llegan a juicio oral son sentencias condenatorias. En este sentido, es muy importante seguir trabajando en la concienciación y sensibilización hacia las propias mujeres, tienen que ser conscientes de que cualquier acto de violencia psicológica (insultos, amenazas, coacciones) es también violencia, así como conocer los recursos a su disposición y denunciar, porque solo desde el procedimiento se le puede poner freno al agresor.

«La dependencia económica del agresor es uno de los factores de mayor riesgo para las víctimas»

Según nuestro último estudio, la violencia de género aleja del empleo a las mujeres víctimas: algunas dejan de trabajar por presión de su pareja, y otras desean buscar empleo pero se sienten incapaces de hacerlo, debido a inseguridades, problemas de autoestima, etc. ¿Cómo cree que se podría hacer frente a esta situación?

Efectivamente, una de las estrategias de dominio y control del agresor es aislar a la mujer y alejarla del empleo para que sea absolutamente dependiente. Es una realidad que ya se contempló en la Ley Integral de 2004, estableciéndose medidas para garantizar los derechos de las víctimas en el empleo, como la excedencia, la posibilidad de pedir suspensión del contrato o las medidas de acceso al mercado laboral adecuadas a la situación de las víctimas, no porque sean personas vulnerables ni menos capaces, sino porque la violencia ha provocado unas consecuencias en su vida que hay que tener en cuenta. Los programas de empleo para mujeres víctimas tienen que estimularse y adecuarse a sus necesidades, concienciando también a las empresas para que realicen sus procesos de selección desde esa perspectiva.

¿Considera que el empleo es uno los grandes aliados para que las víctimas salgan de la espiral de violencia, incrementen su autoestima, seguridad y red de contactos?

El empleo es sin duda la herramienta para romper la dependencia económica con el agresor, que es uno de los factores de mayor riesgo que estamos detectando continuamente. Esta dependencia económica motiva que muchas víctimas no denuncien o no se mantengan firmes en el procedimiento, acogiéndose a su derecho a no declarar. Esto aboca, a su vez, a un archivo de procedimiento o a una sentencia absolutoria. Por tanto, el factor empleo es importantísimo y lo hemos visto en repetidas ocasiones: si las mujeres víctimas no trabajan o son dependientes económicamente, caen otra vez en las redes del agresor.

¿Nuevas generaciones, nuevas creencias? ¿Cree que los jóvenes tienen una mentalidad más abierta y progresista en lo que respecta a la igualdad de género, o siguen arraigados los comportamientos tradicionales?

Este tema es muy preocupante y diría que hay dos realidades. Por un lado, hay jóvenes con una formación y una perspectiva de la igualdad altísima. Pero también nos encontramos con tics y sesgos absolutamente alarmantes. A pesar de que más de 2,5 millones de mujeres han denunciado violencia de género desde 2006, todavía hay voces que defienden que la violencia de género es un invento feminista y que no existe. Estos mensajes llegan a muchos jóvenes que los aceptan de forma acrítica y esto se manifiesta en comportamientos tóxicos. Por ejemplo, chicas jóvenes que asumen como una muestra de amor que les miren el teléfono o que controlen a dónde van cuando salen de clase. Por otra parte, hay otra realidad y es el acceso prematuro a la pornografía, que deriva en comportamientos sexuales muy violentos. Los jóvenes aprenden una sexualidad ficticia que nada tiene que ver con la realidad, no tienen madurez suficiente y asumen con normalidad lo que ven.

La receta en este punto vuelve a ser la educación en igualdad, y creo que habría que poner algún límite al acceso a las redes sociales, implantando mecanismos de control por parte de las propias plataformas, que restrinjan el acceso a los más pequeños.

¿Cómo vislumbra el futuro de la legislación sobre violencia de género a 10 años vista? ¿Qué cree que faltaría por hacer?

La ley ha ido dándonos cada vez más herramientas para proteger a las víctimas y cuantas más podamos desarrollar, mejor. Pero sin duda, seguiría reclamando que la dispensa de la obligación de declarar (derecho a no declarar) no se reconozca en ningún caso para las mujeres víctimas de la violencia de género. Es algo que venimos solicitando en esta Fiscalía desde 2006, pues este derecho genera confusión y provoca archivos de denuncia que perjudican a la víctima, incrementando su vulnerabilidad y reforzando la posición de control del agresor.

Descarga el undécimo informe Violencia de género y empleo, desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco.