La respuesta a esta pregunta la encontramos en el Tercer Informe El Perfil del Trabajador con Discapacidad, elaborado por la Fundación Adecco y Capgemini.
En esta ocasión, el informe ha identificado una aparente contradicción. Por un lado, la contratación a personas con discapacidad ha seguido una tendencia alcista en los últimos años y 2014 terminará con un máximo histórico en el número de contratos, tal y como apuntan los datos del SEPE. Sin embargo, la participación de las personas con discapacidad en el empleo está aún lejos de alcanzar las cotas deseadas de normalización: un 63% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene trabajo ni lo busca.
Así, entre enero y octubre de 2014 se han contabilizado 69.648 contratos, exactamente la misma cifra que se registró en todo 2013. En otras palabras, en 10 meses de este año se han logrado igualar las cifras del año anterior. Ello nos lleva a la certeza de que este año terminaremos con un nuevo máximo histórico que supere el del año pasado. Hemos de recordar que 2013 finalizó con el valor máximo de contratos del último lustro: 69.648 contratos, un 25% más que en 2008, cuando se registraron 55.714.
Esta evolución favorable choca con el descenso del número de contratos a nivel general, que han sufrido un descenso en los últimos años. Si en 2008 se firmaron en España 16.606.423 contratos, en 2013 la cifra descendía hasta 14.802.381, lo que supone una caída del 12% en los últimos cinco años.
La pregunta a formularse es, ¿por qué los contratos a personas con discapacidad crecen en un contexto de crisis, en el que el resto de las contrataciones descienden? Hemos identificado las siguientes razones:
- Un paulatino cambio de mentalidad en la cultura corporativa de las empresas, que comienzan a entender que la contratación de personas con discapacidad aporta valor, no sólo desde el punto de vista de las bonificaciones fiscales, sino también desde la óptica social y de la productividad
- Un progresivo cambio de mentalidad en las propias personas con discapacidad. Las nuevas generaciones se plantean un futuro profesional en el que puedan trabajar, rompiendo la anacrónica tradición que relaciona a la persona con discapacidad con la inactividad y la dependencia.
- Una nueva legislación más eficiente, que unifica toda la normativa existente en materia de discapacidad, actualizando las leyes vigentes y armonizándolas siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad. La actual Ley General de la Discapacidad (LGD) recoge y regula las leyes anteriores en torno a este ámbito.
- El refuerzo de algunas medidas llevadas a cabo para evitar el doble riesgo de exclusión social de las personas con discapacidad, por ejemplo, según apunta el Ministerio de Empleo en una reciente entrevista concedida a la Fundación Adecco: “en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y en el ámbito de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, también se han tenido en cuenta las circunstancias específicas de las personas con discapacidad, para quienes se ha ampliado en cinco años la edad para entrar a formar parte del Sistema y, por tanto, ser beneficiarias del catálogo de medidas de la Garantía Juvenil. Es decir, las personas con una discapacidad igual o superior al 33% podrán entrar en el Sistema hasta los 30 años mientras que para el resto de jóvenes la edad máxima son 25″.
Sin embargo, hemos de tomar esta realidad con precaución, ya que, como hemos señalado, un 63% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene trabajo ni lo busca, un porcentaje que a nivel general se reduce hasta el 41%. La experiencia de la Fundación Adecco en programas de integración laboral, le ha permitido identificar las siguientes razones que justifican la baja actividad de las personas con discapacidad:
- Falta de programas educativos específicos que garanticen la formación igualitaria de las personas con discapacidad.
- Carencia de recursos para la búsqueda de empleo. En muchos casos, las personas con discapacidad encuentran barreras adicionales en su búsqueda de trabajo: desconocimiento, dificultades de comunicación, comprensión, etc. Necesitan apoyos adicionales para enfrentarse al proceso de buscar trabajo y encontrarlos no siempre resulta sencillo.
- Un sistema de pensiones que, si bien garantiza unos ingresos mínimos, en muchos casos promueve la inactividad y supone una barrera para el acceso al empleo.
- Barreras en la propia persona con discapacidad, herederas de clichés sociales y culturales, que presuponen que una persona con certificado de discapacidad no debe aspirar a trabajar.
- Barreras en las empresas en forma de temor a contratar a personas con discapacidad, en la mayor parte de los casos por desconocimiento, falta de experiencias previas o estereotipos obsoletos que asocian a la persona con discapacidad con menor productividad. Estas barreras en el tejido empresarial, muchas veces se trasladan a la propia persona con discapacidad, repercutiendo negativamente en su autoestima y, por tanto, mermando su intención de trabajar.