Recomendaciones para reducir la exclusión en las familias con personas con discapacidad

11 May Recomendaciones para reducir la exclusión en las familias con personas con discapacidad

Reducir la exclusión en las familias ha de ser una prioridad nacional durante la era COVID-19. Ante la mayor crisis sanitaria, económica y humanitaria, todos los agentes sociales habrán de trabajar, coordinados, para desplegar los recursos y herramientas necesarias de cara a reducir  la exclusión y la pobreza de los hogares con personas con discapacidad, evitando el refuerzo o cronificación de su vulnerabilidad. La acción coordinada entre empresas, poderes públicos, tejido asociativo y sociedad civil será crítica para seguir el cauce de la Agenda 2030 y su máxima “no dejar a nadie atrás”. En nuestro informe Discapacidad y Familia 2020, desde la Fundación Adecco hemos esbozado algunas consideraciones, pautas o recomendaciones para garantizar que la crisis del coronavirus tenga el menor impacto en la plena inclusión de las personas con discapacidad, desde el punto de vista de las familias. Accede al informe completo Discapacidad y Familia 2020

Recomendaciones a la Administración Pública:

Vinculación del programa de rentas mínimas (Ingreso Mínimo Vital), a un plan de acompañamiento para las familias con más dificultades. El Ingreso Mínimo Vital, concebido como subsidio asistencial para las familias con mayor riesgo de exclusión y/o pobreza, debe acompañarse de un plan de acción que oriente desde el principio a los beneficiarios,  promoviendo su empleabilidad, como única garantía para favorecer su autonomía y evitar que la exclusión se cronifique.

Establecimiento de políticas activas de empleo que acerquen a las personas con más dificultades a los sectores emergentes, poniendo especial acento en las competencias digitales como habilidades críticas para la inclusión laboral en el siglo XXI. Mientras que en Alemania el 80% de los recursos públicos son para políticas activas de empleo, siendo su tasa de paro 4 veces menor, en España todavía no se llega al 20%, un desfase que da cuenta del potencial de crecimiento que tienen estas iniciativas en nuestro país.

Colaboración público-privada en el centro de las políticas activas de empleo. La crisis de la COVID-19 introduce ingentes cambios en el panorama laboral, entre otros, la consolidación del teletrabajo o la necesidad de erradicar la discriminación, en un momento histórico en el que se ha constatado que todas las personas aportan valor a nuestra sociedad y economía. Partiendo de esta premisa, la Administración Pública debe apoyarse en la empresa privada para dar respuesta al creciente número de desempleados que se prevén en las oficinas de empleo en los próximos meses, así como impulsar una reforma educativa que minimice el gap entre la formación de las personas con discapacidad y lo que las empresas necesitan.

Apuesta por un modelo flexible y garantista de educación. Durante los últimos días se ha puesto sobre la mesa el debate de la Ley de Educación Inclusiva, cuyo objetivo es el traspaso, en 10 años, de los alumnos con discapacidad intelectual a colegios ordinarios. Partiendo de  de que la educación inclusiva constituye la plenitud y el objetivo último de todo itinerario formativo,, es necesario reconocer y apoyar la misión social de gran parte de los centros de educación especial. Para ello, han de evaluarse de forma individualizada, garantizando que dan una respuesta educativa de calidad y trabajan la inclusión. De este modo, cada familia, en función de las recomendaciones y evaluaciones psicopedagógicas, ha de tener la opción de decidir el tipo de educación que el menor necesita, a través de un sistema abierto, que evalúe constantemente al alumno y garantice la flexibilidad.

Acceso a internet como derecho fundamental y universal. El confinamiento ha evidenciado, de un modo flagrante, el papel de las nuevas tecnologías en la plena inclusión de los ciudadanos. Por tanto, la reducción de la brecha digital se posiciona en primera línea para garantizar la plena inclusión, siendo inminente la necesidad de incorporarlo como un derecho fundamental en el marco legal de las naciones. Para que este derecho cale en las personas con discapacidad, como uno de los segmentos de la población más afectados por el gap tecnológico, resulta vital promover la Accesibilidad Universal y el desarrollo de programas específicos que acerquen las nuevas tecnologías a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Recomendaciones a las empresas:

Aplicación de criterios inclusivos en los procesos de selección. La crisis de la COVID-19 ha acentuado el riesgo de pobreza y exclusión de algunos hogares con personas con discapacidad. Si antes de la pandemia ya atravesaban una situación delicada, hoy su realidad se agrava ante la pérdida de empleos en la economía irregular, la disminución de ingresos o el empeoramiento de la salud física y/o emocional de alguna de las personas en la unidad familiar. Resulta por tanto crítico activar un plan de emergencia en las empresas, para que incorporen criterios inclusivos en sus procesos de selección. De lo contrario, según destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: «el precio que podemos pagar como sociedad es muy alto, en la medida en que se acentuarán las bolsas de pobreza y la brecha social, generando desequilibrios que pueden socavar las conquistas sociales que tanto esfuerzo había costado conseguir en los últimos años».

Refuerzo de estrategias de Diversidad & Inclusión desideologizadas, a través de un modelo y una visión empresarial basados en valores universales, cuyos únicos pilares sean la dignidad y el bien común de las personas. La era COVID-19 ha agitado nuestra escala de valores y, en lo sucesivo, habrá de anteponerse lo humano a lo ideológico, con especial atención a los más vulnerables, no solo en el marco de la responsabilidad social, sino como elemento reputacional decisivo en un entorno en el que la cooperación, la empatía y la solidaridad se alzan como valores que calan de lleno en la conciencia ciudadana. Para que las personas con discapacidad no retrocedan en el camino andado y puedan continuar su ruta hacia la plena inclusión, habrán de identificarse proyectos y acciones, en cada sector de actividad, que aborden de una manera operativa y estratégica situaciones de desigualdad que les afectan directamente en el contexto empresarial.

Apoyo de programas de voluntariado que acompañen a las personas con discapacidad en su inclusión social y laboral. El contacto con el mundo de la empresa durante el confinamiento garantiza la conexión social y refuerza las habilidades de comunicación y socialización de las personas con discapacidad. Cuando, de forma progresiva, se reestablezca la normalidad, el vínculo entre las personas con discapacidad y las empresas habrá de reforzarse para no retroceder en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito profesional, a través del trabajo colaborativo y en equipo de los empleados con personas con discapacidad, de cara a derribar prejuicios y barreras.

Recomendaciones al tejido asociativo:

Diseño y preparación de instrucciones y orientación para las familias con personas con discapacidad, durante todas las fases de la era COVID-19, en formatos accesibles y adaptados a cada tipo de discapacidad, particularmente en lo que respecta a las rutinas y estilo de vida durante el estado de alarma . Las familias han de disponer de herramientas y recursos para explicar las diferentes etapas de confinamiento y desescalada, de modo que sean digeribles para las personas con cualquier tipo de discapacidad y tengan el menor impacto posible en su bienestar físico y emocional.

Establecimiento de redes de colaboración para facilitar el apoyo y la comunicación durante la cuarentena, como aspecto crítico para mitigar el aislamiento y los sentimientos de miedo, incertidumbre o desprotección que pueden aflorar más que nunca en las familias con personas con discapacidad.

Seguimiento online de los beneficiarios en aras de normalizar su vida, a través del acompañamiento profesional mediante medios digitales. Cada entidad ha de establecer las prioridades en la atención y  acompañamiento de la persona con discapacidad, que contemplan desde rutinas formativas, hábitos de vida/higiene, etc.

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