Durante 2025 el número de denuncias de mujeres víctimas de violencia de género aumentó ligeramente respecto a 2024, situándose en torno a 205.000 denuncias en el conjunto del año (con más de 99.700 solo en el primer semestre). En cuanto a las mujeres víctimas, se registraron aproximadamente 190.000 mujeres, lo que supone un ligero incremento (en torno al 2–3 %) respecto al año anterior, confirmando una tendencia de estabilización con leve crecimiento. Las mujeres víctimas pueden enfrentar desafíos como la falta de independencia económica, baja autoestima o desequilibrio emocional que dificultan su acceso al mercado laboral. La mayoría de mujeres a las que atendemos en Fundación tienen un perfil de vulnerabilidad elevado, que incluye falta de experiencia laboral debido a la dependencia económica de sus agresores, problemas de salud física y mental derivados de los abusos, y responsabilidades familiares que les dificultan la búsqueda de empleo y limitan su disponibilidad.

Actualmente, se contabilizan en España alrededor de 1.97 millones de hogares monoparentales, la mayor parte de ellos (en torno al 81–82 %) encabezados por una mujer. Así, aproximadamente 1.60 millones de mujeres en España sacan adelante a sus familias sin más ayuda que ellas mismas. Junto a unos 370.000 hombres en esta misma situación, el total se aproxima a los 2 millones de hogares monoparentales en nuestro país.

Las familias monoparentales son la composición familiar que presenta un mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social en España. El informe AROPE (EAPN) más reciente sitúa este riesgo en torno al 50 %, manteniéndose como el grupo más vulnerable y muy por encima de la media nacional, que se sitúa aproximadamente en el 26–27 %.

El desempleo actúa como un agravante de la pobreza y exclusión en las familias monoparentales, que ven severamente limitada su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, se estima que alrededor del 80 % de las mujeres al frente de una familia monoparental en situación de desempleo se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión y lucha diariamente por combatirla.

En España, las personas con discapacidad representan un grupo significativo dentro de la población en edad de trabajar. Según los últimos datos del INE (EPA), hay aproximadamente 1.941.500 personas con discapacidad entre 16 y 64 años, lo que supone en torno al 6,2–6,3 % de la población en edad laboral.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad se sitúa en el 35,4 %, muy por debajo de la población sin discapacidad (en torno al 78 %).

En cuanto al empleo, la tasa de empleo alcanza el 28,9 %, mientras que la tasa de paro se sitúa en el 18,5 %, lo que refleja una mejora respecto al año anterior, aunque persiste una importante brecha con la población general.

En términos absolutos, cerca de 690.000 personas con discapacidad participan activamente en el mercado laboral, mientras que la mayoría permanece fuera del mismo, evidenciando las dificultades estructurales de acceso al empleo de este colectivo.

En relación con la estructura del colectivo, predominan las discapacidades físicas (en torno al 45 %) y existe un claro envejecimiento: aproximadamente el 73 % de las personas con discapacidad en edad laboral tiene más de 45 años, frente a un porcentaje muy reducido de jóvenes.

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La desigualdad económica sigue siendo una realidad estructural en España en 2025, y uno de los aspectos más preocupantes continúa siendo la baja movilidad social. Este fenómeno hace referencia a la dificultad que tienen las personas de entornos socioeconómicos bajos para mejorar su posición a lo largo de su vida en comparación con la de sus padres.

Los estudios más recientes, incluidos los análisis de ESADE y organismos internacionales como la OCDE, confirman que en España se necesitan entre 4 y 5 generaciones para que una familia de bajos ingresos alcance el nivel medio de renta. Este dato sitúa a España en una posición intermedia-baja dentro de Europa, lejos de países con mayor movilidad social como los nórdicos, y más cercana a economías con mayores rigideces estructurales.

En 2025, la influencia del origen familiar sigue siendo determinante. La renta, el nivel educativo y el capital social de los padres condicionan fuertemente las oportunidades de sus hijos. Por ejemplo, quienes nacen en hogares situados en el percentil más alto de ingresos tienen muchas más probabilidades de mantenerse en esa posición, mientras que quienes parten de niveles bajos enfrentan mayores barreras para ascender. Esta persistencia de la desigualdad refleja una transmisión intergeneracional del estatus socioeconómico todavía muy marcada.

Además, las desigualdades territoriales continúan desempeñando un papel clave. Las oportunidades de movilidad varían significativamente según la comunidad autónoma e incluso entre barrios de una misma ciudad. Factores como la calidad del sistema educativo, el acceso a empleo de calidad o el coste de la vivienda influyen directamente en estas diferencias. En grandes áreas urbanas, como Madrid o Barcelona, se observa una creciente segregación residencial, que tiende a reforzar la desigualdad de oportunidades.

A pesar de algunas mejoras puntuales en empleo y reducción de la pobreza tras la recuperación económica, los expertos coinciden en que los avances en movilidad social han sido limitados. En 2025, el debate público se centra cada vez más en la necesidad de reforzar políticas educativas, fiscales y de vivienda que permitan romper este ciclo y favorecer una mayor igualdad de oportunidades.

La migración en España ha seguido teniendo un impacto decisivo en la demografía y el mercado laboral. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, el saldo migratorio de España en 2025 se ha mantenido claramente positivo, superando las 700.000 personas, consolidando una tendencia de crecimiento iniciada tras la pandemia. Este aumento continúa compensando el saldo vegetativo negativo, ya que la natalidad permanece por debajo de la mortalidad.

En este contexto, la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, conocido como Reloex (Reforma del Reglamento de Extranjería), ha introducido cambios relevantes en la gestión de los flujos migratorios. Entre sus principales medidas destacan la simplificación de los procesos de regularización, la ampliación de las vías de arraigo y una mayor flexibilidad para la contratación en origen. Estas reformas han tenido un impacto directo en el aumento de personas regularizadas y en la incorporación más rápida de población extranjera al mercado laboral formal.

En cuanto al empleo, aunque persiste la concentración de personas migrantes en sectores de menor cualificación —como la hostelería, la construcción o los cuidados—, los datos más recientes muestran una ligera diversificación ocupacional. El Reloex ha favorecido la transición hacia empleos más estables al facilitar permisos de trabajo y residencia, reduciendo parcialmente la economía sumergida. Aun así, las brechas laborales continúan: la población extranjera sigue presentando mayores tasas de temporalidad y vulnerabilidad económica que la población española.

Las mujeres migrantes continúan enfrentando desigualdades específicas. Aunque el nuevo reglamento ha mejorado su acceso a la regularización y al empleo formal, siguen sobrerrepresentadas en sectores precarizados, especialmente en el trabajo doméstico y de cuidados. Persisten además dificultades estructurales como la parcialidad involuntaria, la menor protección laboral y la discriminación, lo que limita su movilidad social.

Pese a estos desafíos, la inmigración se ha consolidado como un factor clave para la sostenibilidad demográfica y económica de España en 2025. El elevado saldo migratorio positivo ha contribuido significativamente al crecimiento de la población activa, al sostenimiento del sistema de pensiones y a la cobertura de vacantes en sectores con escasez de mano de obra. Asimismo, las reformas introducidas por el Reloex apuntan a un modelo migratorio más ordenado, inclusivo y orientado a las necesidades del mercado laboral.